La Paz, 28 de julio de 2026 (MSD/UCOM/300).- El Ministerio de Salud y Deportes, a través de la Dirección General de Redes y Servicios de Salud, informó que a la fecha el Estado pagó más de Bs 141 millones desde el mes de noviembre del 2025 y hay más de Bs 55 millones en proceso de gestión para los pagos correspondientes. Se están regularizando deudas de gestiones pasadas, incluso desde el 2024, y las demoras en el pago de las sesiones que precisan los enfermos renales se debe en gran medida a que los establecimientos de salud tanto públicos como privados no cumplen con el envío adecuado de varios requisitos formales.
Los recursos económicos, cuyo pago está programado para las próximas semanas, corresponden principalmente a los servicios prestados durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Las gestiones actuales buscan regularizar las deudas pendientes, las cuales datan de la anterior gestión de gobierno.
El Director General de Redes y Servicios de Salud, Armando Basagoitia Echalar, detalló que el desembolso de fondos públicos no es inmediato y requiere el estricto cumplimiento de un procedimiento de revisión a cargo del Programa Nacional de Salud Renal y otras instancias en el Ministerio de Salud. El análisis de la documentación tiene la finalidad de verificar la información clínica en los diferentes estadios de las sesiones de hemodiálisis y asegurar el cumplimiento de los requisitos formales de tipo administrativo.
Cuando se detectan carpetas que no tienen los formatos correctos o que presentan omisiones, como la falta de firmas de los médicos o de los pacientes, estos documentos son devueltos a los establecimientos de origen. Este paso de corrección es obligatorio; las clínicas deben subsanar sus observaciones para que el trámite sea aprobado y remitido al Ministerio de Economía, entidad encargada de liberar los fondos correspondientes.
Con el objetivo de otorgar mayor celeridad a este proceso documental, el Ministerio de Salud y Deportes ha procedido a reorganizar el trabajo del personal de las unidades encargadas de la revisión para optimizar los procesos. Asimismo, se mantienen reuniones de coordinación permanente entre las áreas jurídicas y administrativas, informando oportunamente a los establecimientos sobre las correcciones requeridas para garantizar la continuidad del flujo administrativo, así como la organización de capacitaciones al personal de establecimientos para el envío adecuado y la subsanación oportuna de las observaciones.
