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    La Paz, 28 feb (UC/MSyD).- El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, denunció hoy que los sindicatos de médicos presionan a los trabajadores de salud para que acaten el paro en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria, perjudicando el proceso de vacunación masiva contra la COVID-19.

La autoridad de Estado sostuvo que el paro médico es “un obstáculo” para la inmunización contra el coronavirus cuya fase actual está dirigida a personas con enfermedades de base.

“Sabemos de que algunos sindicatos están presionando y en establecimientos de segundo y tercer nivel llegando a casi obligar a acatar el paro, a través de la lista, de las nóminas de quién está trabajando y quién no trabaja. Sabemos que existen presiones internas para que los trabajadores de salud acaten el paro”, señaló la autoridad en contacto con medios de prensa.

En ese marco, instó a la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia (FESIRMES) que aclare si es que están obligando a acatar el paro con listas y controles “y qué pasa con quienes no paran en los hospitales”.

Esta jornada, el Consejo Nacional de Salud (CONASA) determinó ampliar el paro general por 15 días más hasta lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Así que el decir que (el paro) no va a afectar la vacunación, obviamente, que sí va a afectar”, dijo el Viceministro, en alusión a las declaraciones del ejecutivo del FESIRMES, Luciano Valenzuela, quien dijo que “en nada va a afectar” esa medida de presión.

“Para que funcione un vacunatorio tiene que habilitarse el servicio de consulta externa, tiene que habilitarse el fichaje, tiene que habilitarse el historial clínico y tiene la gente que trabajar, y están obligando a parar los servicios de consulta externa, porque sólo están habilitando los servicios de emergencia, la salud no sólo es tema de emergencia, es un tema integral”, puntualizó Terrazas.

El pasado 18 de febrero, el CONASA decretó el inicio de un paro médico nacional hasta el 28 de febrero contra la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria relacionadas a la regulación de precios del servicio que prestan las clínicas privadas y de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros aspectos.

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